viernes, 21 de junio de 2013

El último G-8 y el dinero oculto ¿El principio del camino hacia una mayor transparencia?

La cumbre del G8 de Irlanda del Norte concluyó el martes con una declaración de los líderes de los países miembros de este foro con diez puntos destinados a combatir la evasión fiscal y el blanqueo de dinero. Este acontecimiento forma parte de un nuevo ciclo que ya se inició en Consejo Europeo de mayo y que va a continuar en el G20 de septiembre de Rusia.
Las recientes fugas de información bancaria (offshore leaks) y “escándalos fiscales” relativos a ministros, deportistas, empresarios y otras celebridades han colocado otra vez el tema de la evasión fiscal en lo más alto de la agenda internacional. Esperemos que esta vez los líderes mundiales se vean obligados a abandonar la tradicional retórica política en esta materia y acuerden medidas concretas para paliar un fenómeno que priva a los Estados de ingentes cantidades de dinero. Por otro lado, en una época de austeridad y de subida de impuestos a los ciudadanos y a las pymes, se vuelve cada vez más intolerable que ciertas corporaciones multinacionales estén pagando facturas fiscales minúsculas, en proporción a su capacidad económica. Y ello, muchas veces, sin la necesidad de infringir ninguna ley. Simplemente se limitan a sacar “el máximo partido” de las lagunas existentes en la legislación nacional e internacional para trasladar sus beneficios a aquéllas jurisdicciones con fiscalidad baja o nula (paraísos fiscales). En este sentido, es importante que el G8 haya reconocido que la “planificación fiscal agresiva” practicada por ciertas empresas es un problema muy grave. La reciente reprobación de Apple en el Senado de los EEUU por pagar un ínfimo 0,05 % de impuesto de sociedades (las pymes pagan entorno al 30%), gracias a una utilización cuando menos cuestionable de sus filiales en Irlanda, es una muestra de que los gobiernos no están dispuestos a tolerar por mucho tiempo este tipo de prácticas abusivas. Sin embargo, para que el problema se resuelva eficazmente es necesaria una mejor adaptación y coordinación de los sistemas fiscales, así como la aprobación de normas con carácter transnacional. En este sentido, la UE prevé adoptar antes de finales de año la revisión de la Directiva sobre empresas matrices y filiales. Sería también importante desbloquear una propuesta de la Comisión Europea para armonizar la base imponible del impuesto de sociedades en la UE (la llamada BICCIS). Con ella se establecería un régimen único y consolidado para calcular el impuesto que pagan los grupos multinacionales que operan en territorio comunitario. Una vez calculado el beneficio neto que cobra el grupo en la UE, éste se distribuiría entre los Estados miembros en función de una fórmula basada no tanto en la contabilidad corporativa cuanto en la actividad real de la misma (activos del grupo, mano de obra y volumen de ventas). En cualquier caso, una mayor transparencia exige que las empresas presenten públicamente una información financiera desglosada, al menos país por país, y no por zonas geográficas más amplias, tal y como se expresa claramente en el comunicado salido del G8.
Otra medida que facilita enormemente la tarea de las administraciones fiscales para detectar los posibles casos de fraude es la implantación generalizada de un sistema de intercambio automático de información bancaria entre Administraciones. Tanto el último Consejo Europeo (22-5-2013) como el reciente G8, consagran este intercambio automático  como el estándar global de transparencia en la materia, en sustitución del sistema de intercambio de información previo requerimiento, mucho menos eficaz. La OCDE parece que también va a seguir el mismo camino, impulsada por lo acordado en las últimas reuniones del G20.
A este respecto, hay que destacar el hecho de que el último G8 haya servido de foro de concertación de las voluntades de EEUU y de los países europeos participantes en esta materia. En EEUU entró en vigor el pasado mes de enero la ley FATCA, que ha elevado los estándares de transparencia requeridos a los bancos extranjeros que acogen cuentas y productos financieros americanos. La UE, por su parte, hace tiempo que aplica Directiva sobre la Fiscalidad del Ahorro (STD, por sus siglas en inglés), portadora desde 2005 de un sistema de intercambio automático de información, aunque con alcance limitado. Efectivamente, el ámbito de aplicación de la STD se limita a las personas físicas y a los ingresos provenientes de los intereses del ahorro, y además contiene un régimen excepcional que exime a ciertos países de las obligaciones de intercambio fiscal. En este sentido, el último Consejo Europeo estableció un calendario para revisar la STD antes de finales de año, y colmar así dichas lagunas, aunque para ello habrá que vencer la feroz resistencia de Austria y Luxemburgo. Estos países han declarado que sólo darán un paso adelante si la Comisión Europea acuerda similares estándares de transparencia con los otros paraísos fiscales europeos, como Suiza. En 2015 se espera someter a intercambio automático de información a los principales tipos de ingresos, además de los intereses del ahorro, gracias a la aplicación total de la Directiva de Cooperación Administrativa.
Una vez que la UE supere sus obstáculos internos y alcance el nivel de transparencia y efectividad de la legislación norteamericana, el siguiente reto es que estos dos grandes bloques económicos contribuyan a extender este nuevo clima de cooperación fiscal a otros países. Es esta una inquietud que aparece claramente recogida en el comunicado final del G8. Pero ello sólo será posible en la práctica si se diseña un marco automático y multilateral de cooperación fiscal con alcance global. El último G20 de Los Cabos señaló que el Convenio de la OCDE y del Consejo de Europa sobre Asistencia  en Materia Tributaria podría ser el acuerdo multilateral de referencia. Asimismo,  la OCDE está actualmente diseñando un sistema de intercambio automático basado en la FATCA americana, que cuenta con el apoyo de 17 países europeos y de la mayoría de los BRICS (Brasil, Rusia, India y China), y también podría convertirse en el modelo a seguir a escala mundial.
Menos satisfactorio ha sido, sin embargo, el avance del G8 para afrontar uno de los últimos reductos de la opacidad fiscal: la creación de empresas tapadera, fundaciones y fiducias con dueños invisibles cuyo objeto no es otro sino el de ocultar al fisco la identidad del beneficiario real de los bienes y activos corporativos. Los datos son también aquí escalofriantes. En ciertos territorios, como Liechtenstein, Islas Vírgenes e Islas Caimán existen más empresas que personas. En las Islas Mauricio 9 personas administran 1.550 sociedades. Según la ONG americana Global Financial Integrity, “las firmas fantasma” (aquellas que no tienen ninguna actividad real en el territorio) costaron a los países en desarrollo 750 millones de euros en 2010. El problema es que en gran parte de países no se requiere a los propietarios de las sociedades pantalla desvelar su identidad. Esta situación les permite trasladar sus beneficios de una jurisdicción a otra con el fin de reducir su factura fiscal.  Dichas estructuras jurídicas opacas se utilizan para lavar el dinero del crimen organizado, evadir impuestos, financiar anónimamente  a los partidos políticos, entre otras cosas. La mejor medida para solucionar este problema, planteada por David Cameron pero no recogida en el acuerdo final del G8, es la confección de registros públicos, con información relativa a los beneficiarios reales de empresas y accesibles a cualquier interesado. El proceso de revisión de la directiva antiblanqueo, prevista para finales de año, es una gran ocasión para introducir este requisito. Sólo así se permitirá  a las autoridades fiscales detectar quién es el verdadero beneficiario de cada compañía.
En resumen, la declaración del G8 respalda los primeros pasos dados por la UE en mayo hacia un acuerdo más concreto y efectivo en materia de transparencia y de lucha contra la evasión y elusión fiscales. Los ciudadanos merecen que, por fin, sus expectativas no se vean defraudadas en este aspecto tan grave para países como España, que sufren una caída estrepitosa de sus ingresos fiscales. No se pueden exigir grandes esfuerzos a los trabajadores y a las pymes y, a la vez, ser permisivo con los contribuyentes más poderosos.